El video de 0,26” con la escena final de Juan Pernalete en vida, es uno de los más difundidos en los más de 50 días de conflicto en las calles de Venezuela.
En él observamos al estudiante de Economía de la Universidad Metropolitana, siendo auxiliado por dos compañeros el 26 de abril a las 2:40pm, en las cercanías de la Torre Británica, Altamira, zona de choque entre manifestantes y las autoridades en Caracas.
Un compañero lo carga hasta un lugar fuera de la refriega. Él trata de incorporarse, pero las piernas le fallan y cae de rodillas. Luego se desploma.
Este video fue posteriormente utilizado como base de una de las campañas mejor urdidas por el aparato propagandístico del gobierno de Nicolás Maduro.
La campaña tuvo tres objetivos: primero, responsabilizar a los manifestantes por el estado de violencia y anarquía en las protestas continuas contra Maduro.
En segundo lugar, advertir que la muerte de Pernalete había sido una hechura de la oposición para justificar ante la comunidad internacional una “invasión imperialista”.
Tercero, enviar el mensaje a los jóvenes manifestantes del peligro de salir a la calle, donde hasta tus propios compañeros te pueden usar de carne de cañón, o incluso matar. Es mejor que te quedes en casa a salvo.
Y aunque desde el principio, testigos del suceso y medios locales informaron que la causa había sido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, los más altos funcionarios del gobierno de Maduro desplegaron una feroz campaña propagandística.
La muerte de Juan Pernalete fue reensamblada de un modo más conveniente. Y en esta reconstruccion, los roles estuvieron repartidos como si de funciones ministeriales y políticas se tratara.
La canciller Delcy Rodríguez hizo un alto en su batalla para que la OEA no se involucrara en la crisis de Venezuela, y declaró que “la media internacional señaló como causa de un artificio lacrimógeno y eso no ocurrió (…) Esa ha sido nuestra preocupación en las guerras imperiales que han sido intercedidas por campañas mediáticas”.
Mientras, el ministro para la Información y Comunicación, Ernesto Villegas, blandiendo un supuesto informe forense (inexplicablemente en su poder, siendo una pieza confidencial de las autoridades que investigaban el caso), aludía a expertos -sin identificarlos- y mostraba resultados de supuestas experticias.
Inevitable mencionar entre las acciones de esta estrategia, la portada del diario Ultimas Noticias del 28 de abril, cuyo titular principal anunciaba “Autopsia descartó muerte por lacrimógena”, destacando cada detalle de la investigación, tal como la expondría el propio Villegas.
Incuso, otros voceros oficiales, en su rol de defensa, señalaron que ningún Guardia Nacional estaba en Altamira esa tarde.
Luego de este despliegue, el caso lucía cerrado.
Pernalete fue enterrado con la tristeza que generan los caídos en causas nobles, y también con la amargura que se siente cuando le roban la dignidad a los muertos.
No obstante, ese último sentimiento cambió hoy.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, tiene una voz frágil y en sus intervenciones transmite un nerviosismo calculado. Su voz, por momentos imperceptible, ha sido la encargada de develar ante los venezolanos dos grandes verdades, ya sabidas pero no confirmadas: el hilo constitucional fue quebrantado por el Tribunal Supremo de Justicia, y al estudiante Juan Pablo Pernalete lo mató una bomba lacrimógena.
En su rueda de prensa de este miércoles afirmó que la unidad de Guardias Nacionales que participó en el asesinato está identificada. Solo les falta conocer el nombre del tirador.
Mostró, en un extraordinario y simple ejercicio de vocería, el poder de las verdades simples. Mantuvo en sus manos una bomba lacrimógena como la que mató a Pernalete.
Explicó de manera sencilla el daño que provoca al impactar en el cuerpo. Su peso. Y la inscripción en el proyectil, que prohíbe su uso directo contra la humanidad de un individuo, rebatiendo todos y cada uno de los argumentos de Villegas, Rodríguez et al.
De ahí se desprenderán las acusaciones de rigor contra el funcionario y sus adláteres. ¿Se determinará también el tipo de responsabilidad de los voceros en esta campaña contra la verdad e insólita obstrucción de la justicia?
Es lógico pensar que las palabras de la Fiscal vulneren más la maltrecha credibilidad oficial, y le abran otro flanco a los uniformados de la Guardia Nacional por el rol que tuvieron en este crimen.
Elías García Navas
Director de Monitor Americas
@egarcianavas
Artículo publicado en www.prodavinci.com el 24.05.17